Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que interpuso una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, luego de que lo acusara de ser el “brazo de relaciones públicas” del narcotráfico.
“No voy a dialogar con un abogado narcotraficante”, sentenció Sheinbaum en su mañanera. Y ya se presentó la demanda en la Consejería Jurídica del Ejecutivo: “no se puede dejarla pasar”. La mandataria pretende cerrar el paso a las acusaciones directas sin fundamentos, especialmente cuando tocan temas sensibles como el caso Cienfuegos.
De difamación a escudo político
Lichtman afirmó que México participó en las negociaciones del juicio de “El Ratón” y acusó a Sheinbaum de encubrir intereses criminales. La presión no viene solo de un litigante, sino del entorno mediático que azuza narrativas contra el Gobierno. La respuesta fue inmediata: demanda, firmeza y puesta en marcha de la línea roja de autoridad moral.
Queda clara la estrategia: Sheinbaum se cierra y contraataca, usando el peso institucional y legal para que cualquier señalamiento sin pruebas enfrente consecuencias reales.
En el juego político-narco, la agresión mediática trae respuesta judicial. Aquí no hay espacio para la difamación disfrazada de estrategia legal. El norte observa: ¿lamentamos que la política se judicialice o aplaudimos que se ponga un freno a los ataques sin sustento?
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