Han pasado 14 meses desde que un templete colapsó en pleno mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León, dejando 10 muertos y más de 200 heridos. Esta semana, el caso dio un giro importante: dos funcionarios más fueron vinculados a proceso.
La Fiscalía de Nuevo León confirmó que en total cinco personas enfrentan proceso penal por la tragedia: tres de Protección Civil estatal y dos municipales. Todos están acusados de homicidio culposo y lesiones culposas, por presuntamente haber autorizado o permitido el evento sin las condiciones de seguridad necesarias.
La audiencia, celebrada este viernes, determinó que hay elementos suficientes para iniciar juicio. Las medidas cautelares incluyen presentarse periódicamente ante un juez y la prohibición de salir del estado.
Lo que falló ese día
El 22 de mayo de 2024, un mitin de campaña de MC se convirtió en pesadilla cuando ráfagas de viento derribaron el templete. La investigación apunta a que el montaje carecía de anclajes adecuados y que no se tomaron medidas para suspender el acto pese a las alertas meteorológicas previas.
Este punto es clave: no fue una simple tragedia natural, sino una cadena de omisiones y negligencias que, según la Fiscalía, costaron vidas.
La exigencia desde el norte
Aunque la vinculación a proceso es un paso, las familias de las víctimas y organizaciones civiles han insistido en que el caso no se quede en sanciones menores. Quieren castigos ejemplares y una revisión a fondo de los protocolos de Protección Civil en eventos masivos.
En un estado como Nuevo León, con infraestructura y recursos, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo es posible que un evento político no tuviera los estándares de seguridad mínimos?
La justicia puede tardar, pero no debe diluirse en trámites. Desde el norte, exigimos que esta tragedia no se archive en el olvido y que sirva para que nunca más un acto político cueste vidas por irresponsabilidad oficial.
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