La DEA y el Departamento de Justicia de EE. UU. presentaron cargos contra 26 operadores de alto perfil del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero usando bancos estadounidenses, combinando esa operación con tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia estados del Medio Oeste.
La acusación fue formulada ante la Corte del Distrito Sur de Illinois, donde los fiscales detallaron cómo esta red criminal infiltró el sistema financiero con ganancias ilícitas.
Este golpe legal es parte del programa “Recuperemos América”, una estrategia impulsada para clasificar al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y endurecer sanciones internacionales.
Drogas incautadas y modus operandi financiero
Durante los operativos se aseguraron:
- 360 kilogramos de fentanilo
- 80 kilogramos de metanfetamina
- 50 kilogramos de cocaína
Los cargamentos eran enviados a estados como Illinois, Missouri y zonas colindantes, mientras los flujos financieros pasaban por bancos, casas de cambio y empresas fachada.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, declaró que los acusados no solo movían droga en gran escala, sino que “infiltraban instituciones financieras” mediante esquemas sofisticados de lavado de activos.
Lista de acusados, cargos y estrategias legales
La acusación contiene nombres específicos divididos en dos bloques, entre los cuales figuran alias como “Pro”, “El Mi Niño” y otros operadores. Los cargos incluyen narcotráfico, lavado de dinero, e incluso alusiones a narcoterrorismo al vincular las operaciones con financiamiento ilícito sistemático. El gobierno estadounidense anunció que utilizará “todas las herramientas legales” para desmantelar la operación por completo.
Significado estratégico y repercusiones para México y el norte
Este caso demuestra que el narco no solo actúa con violencia en las calles, sino que también opera con sofisticación financiera, infiltrando bancos y finanzas globales. Eso pone en jaque sistemas financieros, sanciona la impunidad y obliga a México a coordinar acciones con EU para romper redes transnacionales.
Para el norte, especialmente fronteras como Juárez, esto reafirma que el problema del narco no es local ni aislado: sus tentáculos llegan hasta los sistemas bancarios. Las políticas de seguridad nunca pueden ser solo militares: también deben incluir vigilancia financiera, cooperación internacional y corte a la impunidad institucional.
Cuando los capos ya no solo mueven carga, sino efectúan operaciones en bancos, no hablamos de delincuencia rural: hablamos de poder que nació con curva bancaria. En el norte no aceptamos que la batalla contra el narco quede solo en enfrentamientos: hay que ir tras sus cuentas, sus redes, sus refugios. Este golpe de la DEA debe reflejarse en justicia que se sienta en México, no solo en cortes estadounidenses.
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