El crimen organizado cobra “cuota” a jornaleros en Guerrero: entre extorsión, miedo y trabajo forzado

En el estado de Guerrero, el crimen organizado ha impuesto una cuota obligatoria a los jornaleros agrícolas que trabajan en distintas zonas de la región de la Montaña Baja y la Costa Chica.

De acuerdo con testimonios, los grupos criminales exigen pagos semanales a cambio de “permitirles trabajar”, afectando a cientos de familias campesinas y productores de maíz, café y jamaica.

Las organizaciones sociales denuncian que la situación ha generado desplazamientos forzados, amenazas y un clima de terror rural en comunidades que dependen de la agricultura para sobrevivir.

Cómo operan los cárteles y quiénes son las víctimas directas de la extorsión

  • Los criminales cobran una cuota de 100 a 500 pesos semanales a cada trabajador del campo, bajo amenazas de violencia o expulsión.
  • El pago se realiza en efectivo o con parte del producto cosechado, generando una forma de trabajo esclavo moderno.
  • Las zonas más afectadas son Tlapa, Chilapa, Atoyac y Coyuca de Benítez, donde la seguridad pública es casi inexistente.
  • Los campesinos aseguran que las autoridades locales no intervienen por miedo o complicidad con los grupos delictivos.
  • En algunos casos, los jornaleros deben pagar además “renta de paso” para poder trasladar sus productos a los mercados regionales.

Impacto social y el silencio institucional ante la violencia rural

  • Los abusos han provocado el éxodo de familias enteras, pérdida de cultivos y paro en la producción agrícola.
  • La falta de protección del Estado convierte al campo guerrerense en una zona de explotación criminal.
  • Activistas señalan que esta crisis forma parte del patrón de narcoextorsión que domina regiones rurales sin presencia del gobierno.
  • Cada jornalero extorsionado representa una historia de pobreza, miedo y abandono institucional.
  • Sin una estrategia de seguridad integral, el campo se vuelve territorio del crimen y el trabajo honesto, una sentencia de riesgo.

Cuando sembrar tierra se vuelve sembrar miedo, el Estado ha dejado de ser garante.
En Guerrero, los jornaleros no piden subsidios: piden vivir sin pagar por trabajar.
La tierra que da vida hoy es rehén del crimen, y cada cuota que cobran es una factura de vergüenza nacional. Si el campo cae, no lo cosecharán los campesinos, lo cosechará la impunidad.

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