En Reynosa, Tamaulipas, fue ejecutado Gabriel Hernández Tovar, empresario y activista del Colectivo 10 de Marzo. Él había denunciado amenazas del Cártel del Golfo y su protección fue retirada apenas seis días antes del ataque.
El miércoles 16 de julio, Hernández Tovar circulaba en su camioneta Nissan Frontier blanca por la colonia Loma Real, sur de Reynosa, cuando fue emboscado por un grupo armado. Lo persiguieron, dispararon varias veces y su cuerpo fue hallado en el asiento del conductor, dentro del vehículo que cayó en un canal de aguas negras.
Protección retirada, amenazas ignoradas
Gabriel era reconocido por su lucha en la búsqueda de personas desaparecidas y la defensa de víctimas de secuestro. En 2021, fue secuestrado por el Cártel del Golfo y logró documentar desapariciones forzadas. Desde entonces vivía bajo protección federal: un juez le otorgó custodia permanente en abril de este año. Pero el 10 de julio —solo seis días antes del ataque— las autoridades estatales le retiraron la protección sin explicar nada.
Pese a haber denunciado públicamente amenazas, específicamente de un operador criminal apodado “La Chispa”, y haber acusado a autoridades locales de complicidad, el sistema falló. Delia Quiroa, del Colectivo 10 de Marzo, denunció una “falla sistemática” y exigió justicia.
Cuando el Estado retira protección a una voz incómoda y la deja expuesta, está defraudando su función básica. El norte no tolera promesas que mueren al primer disparo. Reynosa exige respuestas; el silencio oficial no puede ser cómplice.
#TrincheraNorte #VozDelNorte
