Las autoridades fiscales del estado alistan cerrar varias investigaciones sobre enormes propiedades del gobernador Samuel García vinculadas con un despacho legal familiar.

Según fuentes del diario Tiempo, la Fiscalía General del Estado (FGE-NL) atrajo carpetas de investigación por propiedades multimillonarias del gobernador y su padre. En lugar de profundizar, ordenaron archivarlas y declarar inactividad penal. Así, las sospechas sobre terrenos de 18 ha o un rancho de 700 ha quedan sin seguimiento.
Carpetazo político: impunidad con rostro institucional
El término “carpetazo” suena formal pero es sinónimo de silencio institucional: quiere decir que se archiva una investigación sin avanzar. En este caso, se trata de propiedades adquiridas en San Pedro por decenas de millones —una dación en pago de 700 mdp— y el conocido rancho en Linares, sin explicación transparente. La FGE-NL justificó el cierre de oficio, pero no respondió a la exigencia de aclaración pública que demanda el norte.
Este movimiento ocurre apenas meses después de que la Suprema Corte confirmó la designación del fiscal Javier Flores, consolidando una narrativa de acuerdos políticos que silencian investigaciones incómodas. El hecho rompe con cualquier idea de control institucional independiente.

El carpetazo a la riqueza de García refleja más una decisión política que una conclusión judicial. El norte exige cuentas claras, no cortinas de humo con sello oficial.
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