La presidenta Claudia Sheinbaum encendió el debate al cuestionar abiertamente si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitiría frenar la Reforma Electoral 2025, una iniciativa clave impulsada por su gobierno.
En su conferencia matutina del 13 de agosto, Sheinbaum fue contundente: “¿A poco van a querer echar para atrás la reforma electoral de último minuto?” La frase suena fuerte porque busca frenar especulaciones sobre una posible revisión judicial que comprometería el futuro sistema electoral y la capacidad de participar directamente en la elección de consejeros electorales.
El pulso con la SCJN y el plan de reforma participativa
Sheinbaum ya activó esa reforma con apoyo ciudadano: anunció una encuesta nacional para definir temas como reducción del financiamiento a partidos, eliminación de legisladores plurinominales y salvaguarda de la autonomía del INE. También nombró a Pablo Gómez para encabezar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con enfoque en consulta amplia y consenso social.
Riesgos y presiones desde adentro
Desde Morena, Ricardo Monreal ya alertó sobre la falta de estructuras partidistas maduras para aplicar esta reforma y advirtió que si se impone sin consenso, la cohesión del partido puede resquebrajarse. Incluso aliados como PVEM y PT han expresado su deslinde por preocupaciones sobre desigualdad y fragmentación política.
Si la SCJN cede a presiones y retrasa o tumba la reforma, sería un golpe al voto ciudadano, no sólo un cambio legal. En el norte, exigimos que la decisión se base en argumentos sólidos, no en nubarrones políticos.
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