El gigante del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha dado un salto estratégico — pasó de las tomas clandestinas a operar una “flota oscura” de buques cisterna para traficar diésel y gasolina a gran escala hacia México.
Esta modalidad de contrabando de combustible (también conocido como huachicol fiscal) implica importación ilegal, fraude aduanal, sobornos y evasión fiscal, y ya se perfila como una de las vías más lucrativas para los cárteles — con pérdidas multimillonarias para el Estado mexicano. UnoTV+1
Impactos, retos y lo que está en juego
- Esta red de contrabando afecta directamente a las finanzas públicas, la competitividad del mercado legal de combustible y la seguridad nacional.
- Si los buques siguen operando, el orden energético del país se ve comprometido y la autoridad pierde terreno.
- El gobierno de Claudia Sheinbaum declaró la prioridad de combatir este esquema, pero el tamaño del negocio y la red de complicidades lo ponen como un reto monumental.
- La ciudadanía se ve enfrascada en un escenario donde el crimen organizado mete mano en un recurso estratégico como la energía — y eso tiene consecuencias directas en el precio, la calidad y la legalidad del combustible.
Cuando un cartel ya no solo trafica drogas, sino que domina el combustible, entendemos que estamos ante un cambio de era. El huachicol viejo era perforar tubos; el nuevo es llenar buques, evadir aduanas y hundir al Estado en silencio. México no puede quedarse viendo. Que no se convierta en espectador; exigimos inteligencia, acción coordinada y que los responsables rindan cuentas. Porque esta no es solo evasión fiscal: es una agresión al futuro energético del país.
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